Una vez más se han registrado desbordes en Chosica afectando a decenas de familias, destruyendo viviendas y poniendo en peligro la vida de las personas. Las imágenes muestran nuevamente el efecto de los desastres naturales y el drama humano de la pérdida de bienes y las dificultades para la asistencia de la emergencia por parte del Estado. 

Es desde hace años el rito de las emergencias por razones naturales, que concluye en que los peruanos hemos aprendido poco en materia de prevención, planificación de la ocupación del territorio y gestión de desastres; solo que el ciclo de daños se incrementa debido al impacto creciente del cambio climático y a los retrasos que arrastramos en las dos variables estratégicas de este fenómeno: la adaptación y la mitigación.

Desde hace años también el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) llama la atención sobre los riesgos de desastres en varias zonas del país. En el caso de Lima, señala casi religiosamente los puntos donde podrían ocurrir desbordes, inundaciones y huaicos. Esta institución y otros especialistas alertan sobre las áreas críticas en la cuenca del Rímac, desde Chicla hasta El Agustino y en la cuenca del Chillón. Si se trata de información y de alertas, estas se encuentran cubiertas.

El problema reside en la voluntad institucional para encarar el fenómeno climático y la implementación de políticas. Los municipios construyen algunas defensas ribereñas y muros de contención pero creen que su papel se reduce a estas actividades. Al mismo tiempo, permiten, y en algunos casos promueven, la ocupación precaria de las márgenes de los ríos o la construcción de viviendas en los lechos de las avenidas por las que discurren los deslizamientos.

En general, en las zonas vulnerables de Lima y de las ciudades en expansión demográfica. La estrategia de desarrollo urbano se reduce a la construcción de muros de contención y a muy escasas acciones de prevención para las cuales los recursos siempre son limitados. Los municipios, en una abrumadora mayoría, han abandonado la disputa por la urbanización de tierras no aptas para la vivienda.

El ordenamiento territorial es un déficit del actual proceso de descentralización. Hace dos años, el Acuerdo Nacional aprobó a pedido del gobierno y luego de un denso debate la Política de Estado N° 34 denominada Ordenamiento y Gestión Territorial, que propone adoptar decisiones públicas basadas en el conocimiento y la investigación de la excepcional diversidad del territorio y la sostenibilidad de sus ecosistemas; en la articulación intergubernamental e intersectorial; en el fomento de la libre iniciativa pública y privada; y en la promoción del diálogo, la participación ciudadana y la consulta previa. Para tal efecto, se propone como objetivos reducir la vulnerabilidad de la población a los riesgos de desastres a través de la identificación de zonas de riesgo urbanas y rurales, la fiscalización y la ejecución de planes de prevención, la gestión integrada del territorio para prevenir, reducir, adaptar o revertir los efectos negativos del cambio climático y a remediar o compensar, cuando sea el caso, los efectos negativos sobre los ecosistemas derivados de la ocupación y usos del territorio.

Desde entonces se ha hecho poco desde el Estado y la sociedad y esta oportunidad es apropiada para recordar que se requiere de un impulso sostenible desde las más altas instancias públicas para regular un proceso planificado de ordenamiento territorial y establecer un sistema nacional de gestión de nuestro territorio.

(Diario La República: 12-02-2015) en: http://www.larepublica.pe/politica/editorial-12-02-2015