El pasado 25 de marzo, el Presidente del Consejo de Ministros René Cornejo, anunció que se había llegado a un acuerdo con las federaciones de mineros de Arequipa, Ayacucho, Apurímac, Cajamarca y La Libertad, tras seis días de movilizaciones, paralizaciones y bloqueos de carreteras, en lo que los propios mineros habían denominado como la “Marcha de los Cuatro Suyos”. 

Lo cierto es que es un acuerdo a medias. Las federaciones de Madre de Dios, Puno e Ica, no han participado de esta negociación y se mantenían movilizados al momento de escribir este artículo, tanto en la ciudad de Lima como en sus regiones.

¿En qué consiste el acuerdo logrado? Todo indica que si bien la fecha límite de 19 de abril se mantiene en el papel (plazo fijado por el decreto legislativo N° 1105, para que los mineros se acojan al proceso de formalización), ahora se abrirá una etapa que el primer ministro denomina como fase de saneamiento y que deberá concluir el año 2016.

Lo cierto es que habrá que esperar la publicación del decreto supremo que reglamentará la denominada fase de saneamiento para ver en qué consiste y cuánto ha concedido cada actor en esta negociación.

¿Cómo evaluar el paro de los mineros? Es evidente que los mineros han buscado hacer una demostración de fuerza al gobierno, teniendo en cuenta que el plazo para la formalización se aproximaba: si bien no es la primera paralización, ni será la última, lo cierto es que cada vez es más notorio que las federaciones de mineros informales han ganado en capacidad de organización y convocatoria en sus regiones, en la medida que los afiliados no han cesado de aumentar y sus actividades se han expandido a la mayoría de regiones del país.

Sin embargo, después de esta jornada de lucha queda por ver qué tan unificadas seguirán las distintas federaciones de mineros y si tienen capacidad para levantar plataformas que vayan más allá de las demandas ya conocidas y que solo apuntan a traerse abajo cualquier intento de poner orden a sus actividades. El hecho de que unas federaciones regionales hayan optado por la negociación y otras no, muestra que las agendas y estrategias conjuntas no están del todo afinadas por el momento.

Del lado del gobierno también se necesita evaluar lo avanzado y las estrategias en curso. Lo cierto es que los operativos del señor Urresti, en ocasiones han provocado más de un problema con las regiones por la ausencia de coordinación con sus autoridades. Recientemente, el presidente regional de Arequipa, Juan Manuel Guillén, mediante Oficio N° 189-2014-GRA/PR, (ver archivo adjunto) dirigido al mencionado Alto Comisionado, expresó su profundo rechazo a las acciones de interdicción que este había ordenado y que se realizaron el pasado 13 de marzo, en la provincia de Caravelí: “este tipo de acciones deterioran el clima de diálogo y los avances logrados con dirigentes y mineros que han apostado por el proceso de formalización”.

La Autoridad Regional de Arequipa señaló que el mencionado operativo se realizó sin coordinación alguna, ni previo aviso al Gobierno Regional, afectando áreas destinadas a parques industriales, y atentando contra derechos de mineros que se han sometido al proceso de formalización y cuentan con Declaración de Compromiso. Advirtió que “lamentablemente esta forma de intervención podría generar situaciones imprevisibles de conflictos sociales, por lo que pidió la intervención directa del Presidente del Consejo de Ministros a fin de reiniciar el diálogo para la buena marcha y efectividad del proceso de formalización, y se puedan evitar mayores problemas”.

Lo cierto es que se sigue constatando que desde el Estado no se cuenta con estrategias integrales, con capacidad de intervención multisectorial sostenida, para enfrentar un fenómeno que hoy en día ha alcanzado niveles alarmantes en varias regiones del país.

La batalla por recuperar las inmensas zonas degradadas por esta actividad ilícita, necesita mucho más que los despliegues de dinamita del señor Urresti. Como bien lo señala el comunicado del Gobierno Regional de Arequipa, se tiene que evitar generar desconfianza en los sectores que han creído en el proceso de formalización y no perjudicar los esfuerzos que vienen haciendo algunas autoridades regionales.

Todos esperamos que el proceso de formalización resulte y permita revertir la tendencia hasta ahora incontrolada de expansión de una actividad que representa un alto costo social, ambiental y económico para todos los peruanos y peruanas. Para ello se necesita, entre otras cosas, que el Estado nacional actúe multisectorialmente en el campo y también lo haga con las autoridades regionales y locales; les brinde los recursos necesarios y apoye el fortalecimiento de su institucionalidad.

Pero además hay varios temas de fondo que se deben abordar: el sistema de concesiones no puede seguir como está porque provoca desorden, acaparamiento y especulación; hay que retomar la idea de zonas de exclusión para la actividad minera; ordenamiento territorial y una verdadera descentralización con competencias, capacidades y recursos para las regiones.